March 13, 2014 | Posted in: POLITICA
Veamos un resumen de una nota del periodista de El Universal Juan Francisco Alonso y podremos adelantar los siguientes pasos del gobierno de los Castro en Venezuela:
Ayer, la Sala Constitucional instruyó a los alcaldes de los municipios mirandinos de Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky; y al de la localidad carabobeña de San Diego, Enzo Scarano, que “realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos (…), a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos; se proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana”.
La orden la giró el máximo juzgado en sus fallos número 135 y 136, redactados por la presidenta de la instancia, magistrada Gladys Gutiérrez, en los cuales no solo admitió los amparos que el abogado Juan Ernesto Garatón y que varias empresas y cooperativas de transporte interpusieron la semana pasada contra los mandatarios locales, sino que también declaró con lugar las medidas cautelares solicitadas.
En sus escritos los denunciantes acusaron a los alcaldes de no garantizarle el derecho al libre tránsito así como las garantías al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia y a la seguridad personal a los habitantes de sus respectivos municipios al no impedir que personas obstaculicen las vías con basura; y también de facilitarle que levanten las llamadas “guarimbas” por no recoger a tiempo los desechos sólidos y escombros.
El TSJ, en sus fallos aprobados por unanimidad, no sólo le ordenó a los tres alcaldes desmontar las barricadas sino que además les mandó desplegar a sus policías para que realicen “actividades preventivas y de control del delito”.
Pese a que las policías municipales no tienen potestades en materia de control de manifestaciones, la Sala Constitucional le ordenó a los mandatarios que envíen a sus agentes a dialogar con los vecinos “con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley”.
El máximo juzgado alertó a Blyde, Smolansky y Scarano que deben ejecutar de manera “inmediata e incondicional” sus órdenes y les advirtió que de no hacerlo incurrirán en delito de desacato. El artículo 31 de Ley Orgánica de Amparo castiga el incumplimiento de este tipo de sentencias con arresto de entre seis y quince meses.
La nota lo dice todo. Los alcaldes, todos de oposición no podrán ejecutar ni cumplir con el mandato del TSJ. Los quieren lanzar contra quienes protestan. Quieren que provoquen heridos y hasta muertos. Quieren que vayan más allá de sus facultades legales. Quieren que usen una policía que no está preparada para reprimir. No tienen equipos adecuados. Entonces los alcaldes señalados en la decisión, más todos los que vayan agregando en los próximos días irán presos y probablemente los inhabiliten también. Está cantado que el próximo paso de los Castro en Venezuela es asaltar los municipios de oposición y meter en prisión a los líderes de oposición.
Mientras tanto los esbirros de los Castro seguirán matando, persiguiendo, torturando y reprimiendo a mansalva. Y usando a sus mercenarios a la vista de todo el mundo con total impunidad contando además con la defensa de todo el alto gobierno y las instituciones arrodilladas.
Próximos pasos claritos.
elidesr@gmail.com / Twitter:@ejrl
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