April 26, 2014 | Posted in: POLITICA

Esta manifestación en Plaza Venezuela fue posterior a la decisión inconstitucional, pero el país se movió igual

Esta manifestación en Plaza Venezuela fue previa a la decisión inconstitucional, pero el país se movió igual

El recurso de interpretación decidido por el Tribunal Supremo de Justicia de la Venezuela castrista, liquida el derecho de protesta, el derecho de manifestación y el derecho al descontento. Una reunión de ciudadanos bravos por cualquier cosa, algo muy natural en estos tiempos de mediocridad y corrupción chavista, que se produzca de manera espontánea puede producir efectos realmente importantes para diferentes factores de la sociedad.

Lo primero que hay que considerar es que toda protesta espontánea que, claro está, no tendrá permiso, será ilegal y esa situación le da permiso al gobierno para soltar a sus perros contra la gente sin más aviso que el plomazo o el estallido de la bomba lacrimógena. Como ocurre en Cuba donde la protesta quedó erradicada y solo es posible ejercerla como parte del teatro gubernamental o a bordo de una balsa flotando entre tiburones y el mar de la felicidad de los Castro. No hay, entonces, protesta sin permiso.

En el mundo de los permisos, donde los alcaldes del oficialismo que son la gran mayoría negarán de pleno todo permiso solicitado por la oposición, se abren varias posibilidades para meter en prisión a todo aquel que se atreva a retar al clan gobiernero. Los gobernadores, quienes pueden actuar como una especie de instancia de alzada si al alcalde niega un permiso, podrían terminar presos y despedidos perfectamente como el caso de Scarano o Ceballos. Basta que aprueben en segunda instancia una protesta y que infiltrados chavistas le metan ese sabotaje que bien saben hacer para que el acto termine en violencia y veremos a un gobernador en aprietos. Así que posiblemente los gobernadores de oposición estarán auto controlados en esta  materia.

Lo mismo ocurre con los alcaldes, autoridad que inicialmente tiene la potestad de autorizar la manifestación y determinar el recorrido o el sitio de concentración. Será el responsable directo de lo que autorice. Y la fórmula chavista del sabotaje y el infiltrado puede alcanzar muy buenos resultados en esto de inculpar a funcionarios de la oposición para luego sacarlos del cargo a donde los llevó el voto popular. Y, por añadidura, meterlos en las “frías celdas”, como le gusta llamarlas al jefe local del régimen, Nicolás Maduro. Así que nuevamente la autocensura ronda por los techos de las alcaldías. Veamos un caso imaginario. Jorge Rodríguez, rey del municipio Libertador, niega un permiso a una marcha que va desde plaza Venezuela hasta la Casa de Bolívar para dejarle una carta al papá extramatrimonial y adúltero de Chávez y Maduro, pues que se sepa ambos tenían madres casadas con machos, uno colombiano y otro barinés, que son personas diferentes al muy sexy Simón Bolívar. Pero el tema no son los brincos en cama ajena de Bolívar. El punto es que Jorge Rodríguez negará todo permiso que le solicite la oposición. ¿Quién revisa la decisión? ¿El legítimo alcalde mayor, electo por la mayoría o la ilegítima, Jacquelín Faría, electa por el sabroso y mágico dedo del fallecido Chávez? Dos cosas pueden ocurrir. Si es Ledezma y aprueba la solicitud contra lo dicho por Rodríguez y la manifestación termina a palos, pues Ledezma irá a juicio con toda seguridad. Y si quien decide en instancia superior es Jacquelín Faría, la ilegítima, pues no aprobará permiso alguno. En conclusión, no habrá protesta ni marcha ni concentración.

La única que le queda al ciudadano es desobedecer la ilegalidad del TSJ o ir a la protesta espontánea a riesgo de cárcel castrista y tortura criolla.

Y parece que desobedecerán. Este sábado las demostraciones de rebeldía contra le írrita decisión del Tribunal chavista fueron contundente. Tendrán que habilitar cárceles en Cuba.

elidesr@gmail.com / @ejrl

 

 

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